El derecho a participar es uno de los pilares de la democracia. Permite que todas las personas puedan colaborar e influir en los asuntos públicos, contribuyendo a la toma de decisiones que nos afectan a todos.
El fundamento de este derecho se encuentra en el artículo 23 de la Constitución Española, que garantiza la capacidad de los individuos para participar en la vida pública, ya sea de forma directa o a través de sus representantes.
La participación ciudadana significa que la ciudadanía puede opinar, colaborar y tomar parte en cómo se gestionan los asuntos públicos. Para que esto sea posible, la Administración debe abrir canales que permitan escuchar y recoger esas aportaciones.
La Administración también está obligada a impulsar y garantizar la participación, que forma parte del modelo de Gobierno Abierto. Este modelo, apoyado por la Alianza para el Gobierno Abierto, reconoce el derecho de la ciudadanía a participar activamente en las políticas públicas, sobre todo en sus fases iniciales.
Herramientas como el Portal de la Transparencia son clave para facilitar este proceso, permitiendo que la ciudadanía se mantenga informada y pueda ejercer su derecho a participar de manera efectiva.
La participación ciudadana abarca diversas formas de colaboración, entre las que destacan:
- Opinar en la elaboración de normas.
- Colaborar en planes y programas públicos.
- Participar en consultas ciudadanas, como:
- La consulta previa para el V Plan de Gobierno Abierto 2025-2029.
- El Sistema de Integridad de la Administración General del Estado.
- La Reforma de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.
- La consulta sobre el Anteproyecto de Ley de Administración Abierta.