Descargar el capítulo 1 completo.

En este primer capítulo se realiza una fundamentación del proceso en el compromiso del IV Plan de Gobierno Abierto en materia de integridad; los planes de medidas antifraude en la gestión de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y el marco común para el Sistema de Integridad de la AGE que se puede también deducir e integrar en la Estrategia Nacional Antifraude, explicando además cuál fue el proceso de constitución del grupo de trabajo.

A falta de antecedentes en la AGE sobre la materia, se alude también en este capítulo al marco internacional de referencia, fundamentalmente la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción; los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 de Naciones Unidas; la recomendación del Consejo de la OCDE sobre integridad pública de 2017; la Carta iberoamericana de ética e integridad en la función pública; las recomendaciones de la quinta ronda de evaluación del Grupo de Estados contra la
Corrupción del Consejo de Europa y las recomendaciones de los informes sobre Estado de Derecho de la Unión Europea.

A continuación se detallan el objeto, principios y ámbito de aplicación, así como los procesos, instrumentos y órganos del Sistema de Integridad de la AGE que se pretende, y se complementa el capítulo con un completo cuadro ilustrativo de los elementos  o herramientas del Sistema de Integridad, señalando en cada uno de tales elementos sus ámbitos objetivo y subjetivo, las consideraciones adicionales que merecen ser más destacadas y el resumen de la evaluación, seguimiento y control correspondientes,
añadiendo después una breve referencia a los órganos que han de participar en el desarrollo de todo el conjunto.

Descargar el capítulo 2 completo.

Merece consideración específca la inclusión de dos códigos, uno de buena administración, dirigido a empleadas y empleados públicos, y otro de buen gobierno, dirigido a altos cargos.

Tras la entrada en vigor de la Constitución Española, diversas normas han conformado progresivamente los principios éticos y de conducta que disciplinan el ejercicio de las funciones de los miembros del Gobierno, altos cargos y empleadas y empleados públicos de la AGE y del sector público institucional estatal. El obligado cumplimiento de estas previsiones normativas ha cimentado los pilares de la infraestructura ética del Gobierno y de la AGE, y ha contribuido a promover comportamientos orientados a la satisfacción de los intereses generales.

Pero el refuerzo de la confanza ciudadana en las instituciones no se sustenta únicamente en el cumplimiento de las previsiones del ordenamiento jurídico, sino que requiere asegurar que el comportamiento de las personas dedicadas al servicio público responde a los más altos estándares éticos. 

Al hacer explícitos los modelos de comportamiento a los que debe aspirar el conjunto de los servidores públicos y altos cargos se propicia la refexión individual y el diálogo colectivo en torno a los valores que sustentan la misión de servicio público.

Los códigos no tienen por sí mismos carácter normativo, y se distinguen netamente del régimen disciplinario, que opera como un estímulo negativo articulado en torno a la sanción.

Los códigos éticos que se incluyen en el Sistema de Integridad de la AGE aspiran por tanto a sintetizar los valores que emanan del ordenamiento jurídico y a articular un conjunto de pautas de conducta que puedan servir de referente en el desempeño de las funciones públicas.

Se integran en él un conjunto de buenas prácticas dirigidas al conjunto de miembros del Gobierno, personal alto cargo y empleadas y empleados públicos, de modo que conformen un marco ético coherente y exigente asumido con carácter voluntario. 

Pieza esencial de un sistema de integridad pública, la elaboración de estos códigos responde felmente a las líneas directrices de la OCDE y a las recomendaciones del Consejo de Europa, y se encuentra en línea con las experiencias desarrolladas en otros países de nuestro entorno.

En su elaboración han participado personas de diferentes perfles profesionales dentro de los correspondientes grupos de trabajo, lo que ha permitido refejar una pluralidad enriquecedora de perspectivas.

Los códigos serán objeto de la más amplia difusión e irán acompañados de las acciones de seguimiento necesarias para asegurar su permanente actualización y seguro afanzamiento.

Tras la introducción correspondiente se delimita su ámbito de aplicación y condiciones, pasando enseguida a detallar los valores éticos que se recogen como orientación y guía en el ejercicio de sus actividades profesionales, y que se han ido extrayendo del ordenamiento jurídico de aplicación y referencias normativas relacionadas, que en último término se reconducen a una lista de valores éticos y a las normas de conducta asociadas a cada uno de ellos.

Se completan los códigos con un epígrafe sobre prevención y gestión de confictos de intereses, en el que se incluye un apartado específco relativo al eventual ofrecimiento de regalos y atenciones sociales, y se cierra con la recopilación de las referencias normativas relacionadas y conexas antes citadas como base de los valores señalados.

Descargar el capítulo 3 completo.

Merece consideración específca la inclusión de dos códigos, uno de buena administración, dirigido a empleadas y empleados públicos, y otro de buen gobierno, dirigido a altos cargos.

Tras la entrada en vigor de la Constitución Española, diversas normas han conformado progresivamente los principios éticos y de conducta que disciplinan el ejercicio de las funciones de los miembros del Gobierno, altos cargos y empleadas y  empleados públicos de la AGE y del sector público institucional estatal. El obligado cumplimiento de estas previsiones normativas ha cimentado los pilares de la infraestructura ética del Gobierno y de la AGE, y ha contribuido a promover comportamientos orientados a la satisfacción de los intereses generales.

Pero el refuerzo de la confanza ciudadana en las instituciones no se sustenta únicamente en el cumplimiento de las previsiones del ordenamiento jurídico, sino que requiere asegurar que el comportamiento de las personas dedicadas al servicio público responde a los más altos estándares éticos. 

Al hacer explícitos los modelos de comportamiento a los que debe aspirar el conjunto de los servidores públicos y altos cargos se propicia la refexión individual y el diálogo colectivo en torno a los valores que sustentan la misión de servicio público.

Los códigos no tienen por sí mismos carácter normativo, y se distinguen netamente del régimen disciplinario, que opera como un estímulo negativo articulado en torno a la sanción.

Los códigos éticos que se incluyen en el Sistema de Integridad de la AGE aspiran por tanto a sintetizar los valores que emanan del ordenamiento jurídico y a articular un conjunto de pautas de conducta que puedan servir de referente en el desempeño de las funciones públicas.

Se integran en él un conjunto de buenas prácticas dirigidas al conjunto de miembros del Gobierno, personal alto cargo y empleadas y empleados públicos, de modo que conformen un marco ético coherente y exigente asumido con carácter voluntario. 

Pieza esencial de un sistema de integridad pública, la elaboración de estos códigos responde felmente a las líneas directrices de la OCDE y a las recomendaciones del Consejo de Europa, y se encuentra en línea con las experiencias desarrolladas en otros países de nuestro entorno.

En su elaboración han participado personas de diferentes perfles profesionales dentro de los correspondientes grupos de trabajo, lo que ha permitido refejar una pluralidad enriquecedora de perspectivas.

Los códigos serán objeto de la más amplia difusión e irán acompañados de las acciones de seguimiento necesarias para asegurar su permanente actualización y seguro afanzamiento.

Tras la introducción correspondiente se delimita su ámbito de aplicación y condiciones, pasando enseguida a detallar los valores éticos que se recogen como orientación y guía en el ejercicio de sus actividades profesionales, y que se han ido extrayendo del ordenamiento jurídico de aplicación y referencias normativas relacionadas, que en último término se reconducen a una lista de valores éticos y a las normas de conducta asociadas a cada uno de ellos.

Se completan los códigos con un epígrafe sobre prevención y gestión de confictos de intereses, en el que se incluye un apartado específco relativo al eventual ofrecimiento de regalos y atenciones sociales, y se cierra con la recopilación de las referencias normativas relacionadas y conexas antes citadas como base de los valores señalados.

Descagar el capítulo 4 completo.

Se inicia con una introducción sobre esta gestión tan específca, considerada como conjunto de acciones destinadas a dirigir y controlar los riesgos propios de una organización, siendo su fnalidad la de defnir un marco de acción para saber qué aspectos gestionar y cómo hacerlo, sobre todo teniendo en cuenta que la gestión debe partir de la cuantifcación de aquellos riesgos.

Se establece después un marco de referencia de la gestión del riesgo, tanto normativo como organizativo, y un modelo para dicha gestión, desarrollando después el proceso correspondiente en el que se incluye el alcance, contexto y criterios, la evaluación del riesgo y su tratamiento, seguimiento y revisión y los correspondiente registros e informes.

Se completa con apartados específcos sobre documentación de un sistema de gestión de riesgos, incluyendo los catálogos de los identifcados, los mapas de riesgos para su análisis y gestión,  elementos específcos para su gestión, como las banderas rojas,alertas y puntos críticos de control, así como referencia a los correspondientes informes, registro de riesgos, registro de siniestros y coordinación e intercomunicación de registros.

Finaliza el capítulo con una sección relativa a buenas prácticas sectoriales, situación o «estado del arte» en materia de integridad y ética públicas y el marco de referencia y sectores de actividad.

Este capítulo se complementa con un importante conjunto de anexos que amplían la información correspondiente a sus diferentes apartados.

Descargar el capítulo 5 completo.

Tras una introducción sobre la materia y una referencia a los antecedentes de la misma a la hora de confgurar este Sistema de Integridad, fundamentalmente la estructura organizativa derivada de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se confgura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y algunos modelos de comisiones de ética institucional analizados y utilizados, se hace una propuesta de estructura organizativa para el Sistema de Integridad, en la que se incluye a la propia dirección de la organización, coordinadores de integridad institucional, nuevos o existentes comités de integridad institucional y una nueva Comisión de integridad institucional que se propone crear con carácter interdepartamental y que
vendrá recogida en la oportuna disposición de carácter general.

En cada uno de estos elementos se hace hincapié en su posición relativa dentro de la estructura y sus correspondiente funciones, y concretamente la comisión interdepartamental será la responsable de velar por la coherencia en la aplicación del Sistema de Integridad de la AGE, con la composición que se determine en la correspondiente norma de creación, y en la que podrán incorporarse, junto a representantes de la AGE, asesores externos, siguiendo el modelo de la Comisión Consultiva de Ética de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y que está funcionando con resultados satisfactorios. Adicionalmente sería recomendable la constitución de un Consejo asesor como órgano colegiado de naturaleza participativa y carácter consultivo.

Descargar el capítulo 6 completo.

Se hace mención inicial en este capítulo a la situación actual de la formación en integridad, defniendo después un marco general de formación, con sus ámbito objetivo y subjetivo, así como un marco competencial para el Sistema de Integridad de la AGE, pasando después a describir diferentes modalidades de formación y tipos de cursos que se podrían utilizar. 

A continuación, se refere el capítulo a los medios de difusión y comunicación, defniendo también sus ámbitos objetivo y subjetivo, consideraciones adicionales específcas en esta materia, aspectos relacionados con la difusión, y los destinatarios y medios para ello.

Se completa todo lo anterior con un apartado sobre bases para el diseño de un plan de formación en integridad y ética pública, referido a las diferentes herramientas o elementos del sistema.

Descargar el capítulo 7 completo.

Se inicia este capítulo indicando los antecedentes y objeto del protocolo, estableciendo después su contexto normativo y estratégico.

A continuación se detalla el ámbito y fnalidad del canal interno de información sobre infracciones, así como las características del sistema interno para comunicación de informaciones, y las directrices de procedimiento.

El capítulo fnaliza con sendos apartados específcos sobre la prohibición de represalias y la protección de datos personales.

Descargar el capítulo 8 completo

Como en anteriores capítulos, también se incluye aquí una introducción con los antecedentes en la materia, su fnalidad, ámbitos subjetivo y objetivo en relación con los elementos del sistema, añadiendo a continuación apartados específcos sobre publicidad y acceso a la información del buzón y de las consultas, terminando con el régimen de protección de datos de carácter personal.

Descargar el capítulo 9 completo.

Se inicia el capítulo con la relación de los elementos comunes de la planifcación, seguimiento, evaluación y revisión del Sistema en general, con apoyo en su estructura organizativa, pasando después a detallar cada una de esas fases específcas: la planifcación, que incluye referencias al diagnóstico, a los objetivos estratégicos, operativos e indicadores y a la propuesta de actuaciones del plan, y después al seguimiento, evaluación y revisión de los diferentes elementos del sistema, en particular los códigos de buena administración y de buen gobierno, la gestión de riegos, las actividades y medios de formación, los canales internos de información y el buzón de ética institucional.