A continuación se da publicidad de las nuevas aportaciones recibidas para el III Plan de Gobierno Abierto.
Estan ordenades per ordre ascendent de recepció de les aportacions.
APORTACIONES DEL CCU PARA SU VALORACIÓN PARA EL TERCER PLAN DE ACCIÓN DE GOBIERNO ABIERTO
El Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU) es el órgano de representación y consulta de ámbito nacional de las organizaciones de consumidores y usuarios con implantación estatal, y ostenta la representación institucional de las organizaciones de consumidores y usuarios ante la Administración General del Estado u otras entidades y organismos, de carácter estatal o supranacional. El CCU está compuesto actualmente por nueve organizaciones de consumidores. Aportaciones del CCU al III Plan:
En l'actualitat l'aplicació per a la Gestió de les Sol·licituds d'Accés ( GESAT) té com a funció principal la gestió dels expedients relatius a les sol·licituds d'accés i, per tant, és un dels mòduls principals que interactua amb el Portal de la Transparència. La proposta consisteix a transformar el procediment electrònic d'accés a la informació pública gestionat a través de GESAT en un procediment que respongui plenament a les exigències de l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat (ENI) i de l'Esquema Nacional de Seguretat (ENS), i que pugui ser integrat en l'aplicació d'arxiu electrònic definitiu Arxivi (a través de les eines proporcionades per Inside, tenint en compte així mateix el projecte d'àmbit europeu E-Ark). D'aquesta manera, a més d'aconseguir que el procediment d'accés a la informació pública es transformi en un procediment plenament adaptat a l'Administració digital segons propugna la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, es facilitarà que la informació i les dades generades per aquest procediment puguin ser lliurement consultats per tots els ciutadans a través del propi Portal de la Transparència, una vegada bolcats en l'aplicació Arxivi. Així s'aconseguiria que les sol·licituds, les resolucions (ambdues degudament anonimizadas) i la informació que, en el seu cas, es concedeixi als sol·licitants a través de GESAT, siguin lliurement accessibles per a tots (alguna cosa així com "la transparència de la transparència") amb les excepcions previstes en la llei de transparència i en la resta de la normativa.
Todas las carencias que de ésta han criticado sociedad civil y expertos a nivel nacional e internacional.
El I Plan de Acción de España de Gobierno Abierto incluía como uno de sus principales compromisos la elaboración y aprobación de una Ley de Transparencia fruto de la potestad legislativa del Gobierno, así como de la voluntad política existente avanzar en transparencia y gobierno abierto. Cuatro años después de su aprobación y tras la entrada en vigor, la ley sigue mostrando carencias significativas para avanzar hacia un régimen de transparencia real. La ley se sitúa en la posición 77 de 111 países con leyes de transparencia, obteniendo 73 puntos, lejos de los 150 que según el Global Access to Information Rating tienen las leyes que garantizan plenamente el derecho de acceso a la información. Disponer de una buena Ley de Transparencia es uno de los pilares esenciales del gobierno abierto, por ello, la sociedad civil sigue demandando una ley en línea con los estándares internacionales. Considerando que el Artículo 87 de la Constitución Española otorga iniciativa legislativa al Gobierno y que ya se han incluido medidas legislativas en anteriores planes de OGP, no existe ningún obstáculo legal y práctico para realizar esta reforma de le Ley más que la ausencia de voluntad política.
El Govern té una molt bona oportunitat de demostrar aquest compromís i voluntat política amb la transparència, incloent la modificació de la Llei 19/2013 en l'III Pla d'Acció de Govern Obert. Entre les millores que han d'incloure's destaquen:
La Ley de Transparencia se aprobó en 2013 y casi 4 años después, todavía no se ha desarrollado el Reglamento. Este aspecto resulta especialmente preocupante si se tiene en cuenta el gran número de artículos de la Ley 19/2013 que remiten al posterior desarrollo reglamentario y que están generando problemas e inseguridad jurídica en la práctica. Según el artículo 97 de la Constitución Española, corresponde al Gobierno la potestad reglamentaria. Además, según la disposición final séptima de la Ley 19/2013, el Gobierno, en el ámbito de sus competencias, podrá dictar cuantas disposiciones sean necesarias para la ejecución y desarrollo de lo establecido en la Ley 19/2013. Al margen de posibles reformas de la Ley 19/2013 que se vayan a debatir en sede Parlamentaria, el Gobierno tiene la obligación de aprobar el Reglamento de desarrollo de la norma que ya está en vigor desde hace varios años. Por ello, el III Plan de Acción de Gobierno Abierto debe recoger entre las medidas el desarrollo reglamentario de la Ley 19/2013 contando con la participación de la sociedad civil.
La Ley 19/2013 de transparencia que establece unas obligaciones mínimas de transparencia pero depende de la voluntad política la mejora y ampliación de las obligaciones de transparencia contenidas en la Ley. Para implementar medidas transformadoras de gobierno abierto la voluntad política es esencial y la Ley 19/2013 deja amplio margen para realizarlas. En este sentido el III Plan de Acción de Gobierno Abierto debe recoger entre sus compromisos la elaboración de una normativa o Plan para ampliar la publicación proactiva de información con la participación de la sociedad civil (y que incluya medidas que garanticen el cumplimiento).
Entre les mesures s'ha d'incloure, com a mínim, la publicació proactiva de:
- Agendes completes de treball d'alts càrrecs i personal directiu: que inclogui els documents intercanviats durant les reunions.
- Els noms i retribucions del personal eventual i de confiança.
- Gastos de viaje detallados y dietas de cada alto cargo y personal directivo, tal y como ya hace el CGPJ.
- Publicació de totes les sol·licituds d'accés a informació i les seves respostes.
La Ley 19/2013 de transparencia que establece unas obligaciones mínimas de transparencia, pero depende de la voluntad política la mejora y ampliación de las obligaciones de transparencia contenidas en la Ley. Para implementar medidas transformadoras de gobierno abierto la voluntad política es esencial y la Ley 19/2013 deja amplio margen para realizarlas. En este sentido el III Plan de Acción de Gobierno Abierto debe recoger entre sus compromisos la elaboración de una normativa o Plan para asegurar la creación y publicación proactiva de información clave relacionada con los procesos de toma de decisiones (que incluye, pero no se limita a, la Huella legislativa). Este Plan debe contar con la participación de la sociedad civil e incluir medidas que garanticen el cumplimiento. Entre la información identificada que debe publicarse se encuentra como mínimo: actas de las reuniones, los documentos recibidos de terceros, asesoramiento jurídico, asesoramiento sobre políticas y justificaciones de las decisiones adoptadas.
Para lograr una mayor transparencia es imprescindible que los ciudadanos tengan acceso a la información pública a través de un sistema sencillo, rápido y que no exija para el acceso a la información más datos al solicitante que los estrictamente necesarios para acceder a la información, es decir: un nombre, la información a la que se quiere acceder y una dirección donde enviar la información. El procedimiento que ha creado el Gobierno, en concreto el Ministerio de la Presidencia, para ejercer el derecho a solicitar información es complejo, excluyente y lento. La ley de Transparencia 19/2013 establece en su artículo 17.2 que “la solicitud podrá presentarse por cualquier medio que permita tener constancia de la identidad del solicitante; la información que se solicita; una dirección de contacto, preferentemente electrónica, a efectos de comunicaciones; en su caso, la modalidad que se prefiera para acceder a la información solicitada”. Sin embargo, el Gobierno solo permite que se envíen las solicitudes de manera presencial, vía correo postal y de forma telemática a través del portal de la transparencia, excluyendo el uso del correo electrónico, y obligando a entregar el DNI o certificado electrónico para poder solicitar información. Estos requisitos están siendo un obstáculo para el ejercicio, de hecho, la Presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha manifestado en varias ocasiones que debería revisarse este sistema para agilizar el proceso. Desde hace tiempo el Gobierno dice que se está trabajando en un sistema de identificación para solicitar información sencilla, rápida y gratuita que mejore el limitado sistema actual. Sin embargo, la sociedad civil no dispone de información sobre estos trabajos. Introducir esta medida dentro del plan de gobierno abierto garantizaría que se introduce con la participación de la sociedad civil y teniendo en cuenta diferentes puntos de vista y las necesidades de la ciudadanía. Por ello, el III Plan de Acción de Gobierno Abierto de España debe incluir entre sus acciones a realizar durante su primer año de vigencia, contando con la participación de la sociedad civil, el establecimiento de un sistema de solicitud de acceso a información sencillo y rápido, permitiendo enviar solicitudes a través del correo electrónico.
Per a implementar mesures transformadores de govern obert la voluntat política és essencial i la Llei 19/2013 deixa ampli marge per a realitzar-les. Més enllà de les obligacions legals, poden establir-se directrius, ordenis o un altre tipus de mesures comptant amb la participació de la societat civil (i que inclogui mesures que garanteixin el compliment) que redueixin en la pràctica els terminis de resposta. Les autoritats públiques han de garantir que en totes les etapes dels processos de presa de decisions la societat civil té accés a la informació necessària per a participar i que està en un llenguatge clar i comprensible. Per a això, les sol·licituds d'informació necessària per a participar han de ser respostes al més aviat possible i, indubtablement, d'una amb el temps suficient per a permetre tal participació. L'II Pla d'Acció ha d'incloure millores en terminis de resposta de les sol·licituds d'accés a informació permetin la participació de la societat civil en els processos de presa de decisions. Per a això, els terminis no han de ser mai superiors a 15 dies i començar a comptar des del dia en què s'envia la sol·licitud.
L'Aliança per al Govern Obert (OGP – Open Government Partenariat) és una iniciativa multilateral que busca que governs siguin més transparents, rendeixin comptes i millorin la capacitat de resposta cap als seus ciutadans. Això requereix un canvi de normes i cultura per a garantir un diàleg i col·laboració genuïns entre govern i societat civil. El Govern, a través de la Direcció General de Governança pública, ha iniciat un procés d'elaboració del tercer Pla d'Acció més participatiu i s'ha compromès a la creació del fòrum de diàleg permanent amb la societat civil. Considerem essencial que en el Fòrum participin representants dels diferents Ministeris i institucions a nivell Estatal, com el Consell de Transparència, per a fomentar el diàleg i un espai de trobada entre aquests i la societat civil.
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