El Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción da cumplimiento a los compromisos adquiridos en la Ley de Protección del informante y despliega una estrategia de acción en materia de transparencia, buen gobierno de las Administraciones y combate a la corrupción.
Su elaboración se basa en las recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO), de la OCDE y de la Comisión Europea.
Incorpora valiosos aportes de la sociedad civil, a través del trabajo conjunto con el Foro de Gobierno Abierto y de expertos de la División de anticorrupción e integridad en el Gobierno de la OCDE.
Tiene 5 ejes:
Prevención de la corrupción
Protección efectiva de las personas que informan sobre irregularidades y/o casos de corrupción.
Respuesta eficaz ante los casos de corrupción ya detectados.
Recuperación de los activos procedentes de actividades corruptas como elemento esencial para reparar el perjuicio causado al interés público.
Promoción de la cultura anticorrupción entre la ciudadanía, las empresas y las administraciones.
