Acceder al contenido principal

Sección con el contenido principal

Audiencia e información públicas: Proyecto de Real Decreto de desarrollo de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno (28-02-2019)

Titular Aportación Archivo adjunto
JMFG (1) Hola buenas tardes, gracias por permitirnos aportar
Me sugerencia es para la Admon de estado,como funcionario que llevo 29 años  concursando ,siempre he echado en falta,la transparencia absoluta en los concursos de traslados.Como para cada puntuacion debe de haber un documento que lo avale¿por que no se permite el acceso a todos los interesados a todos los documentos que conforman la puntuacion de cada uno de los participantes en el mismo concurso,,,,transparencia absoluta Muchas gracias
 
HC Uno de los objetivos de la transparencia es conseguir una actuación pública de mayor calidad, que tenga presente las propuestas de la ciudadanía y circule por la trayectoria de la co-creación.
Asimismo, la calidad en las políticas públicas depende, entre otros motivos, de una adecuada planificación, despliegue, revisión y estudio de su viabilidad y eficacia.
Son muchas las materias que, por no estar conformadas como políticas de Estado o de consenso, sufren bandazos normativos y  cambios de orientación que impiden la fijación de objetivos a medio y largo plazo, capaces de atajar los problemas reales.
Así, el borrador de reglamente prevé en su artículo 7.1 b) y c) la publicación activa de planes y programas anuales y plurianuales, su grado de cumplimiento, medios puestos a disposición y resultados finales.
Las medidas puestas en el portal de transparencia en este sentido no son satisfactorias: existen infinidad de documentos de planificación que no se publican en el portal, y de entre los que constan, pocos hacen una valoración real, pausada y profunda de la consecución (o no) de los objetivos, y los motivos para tal éxito o fracaso.
Propongo pues reforzar los mecanismos de que dispone la AGE para publicar en el Portal de la Transparencia los planes y programas de la AGE, para lo cual, caben estrategias como el "naming and shaming", declarando dos extremos: (1) qué ministerios tienen planes, pero no los han publicado en el Portal y (2) qué ministerios tienen planes y programas expirados sin una evaluación final de su eficacia.
Del mismo modo que hay instrucciones para la publicación (online o escrita) de todos los documentos publicados por la AGE, con su planificación y número identificativo, podría haber una base de datos o registro central que deje constancia de todos los documentos de planificación que se realizan, y que deberán estar asistidos de un número identificativo.
 
MABC Se adjunta archivo de word con los comentarios efectuados. Rogaría un acuse de recibo para confirmar la correcta recepción y apertura del archivo compuesto por 9 páginas. Ver más
JMFG (2) Hola buenos dias:
He estado leyendo el borrador y echo en falta ,algún articulo en el que se contemple....la calidad de la informacion que da la Administracion.No se entra en ningún momento a valorarlo y dar la posibilidad de que el CTBG pueda emprender acciones ,cuando la falta de adecuacion de  la respuesta a la pregunta,
La Administracion contesta,,,,pero contesta lo que quiere...no lo que se la pregunta,,,y cuando ha contestado ,si no estas de acuerdo al contencioso.Yo piense que todo el trabajo que conlleva dar la respuesta ,si al final la respuesta le avoca al contencioso al ciudano , es perder tiempo y dinero.Deberia de existir un Comite que se cerciorase de que la respuesta contesta de manera clara y evidente a la pregunta.
Un saludo y gracias por poder aportar.
Como ejemplo adjunto  archivo R 662/2018 de Febrero 2019
Pregunta: informes objetivos para la determinacion de el complemento especifico de dos puestos......Pues lean la contestacion 4 ultimas lineas...¿ se ajusta la respuesta a la Pregunta?  De esta contestacion se puede deducir cuales son los componentes objetivos del complemento especifico de los dos puestos?
ahora es el momento para que esto no pase ...Un saludo otra vez
Ver más
MCIA dos euros para que saquen la corrupcion del senado y pedro sanz vicepresidente sea sancionado por corrupcion en la rioja villamediana y regalarle mi propiedad a una miga ana pilar romo ruiz ¡¡ que dio a cambio ´control de administraciones publicas y justicia solo por poder y dinero ,pio presidente lo sabe como rajoy y catala polo y el rey  
Diputación Pontevedra La normativa sectorial relativa al patrimonio histórico o archivística, así como en materia de reutilización de la información pública, imponen la obligación de acceso sin barreras de identificación, directo y a través de la red, a aquella información con valor histórico, cultual, o reutilizable en general. La defensa de los derechos de propiedad intelectual e industrial y, por lo que interesa, la protección de datos, serían límites a considerar especialmente respecto de lo anterior, límites que entiendo un tanto difusos dada la actual dispersión normativa al respecto.
Se adjunta archivo con consulta efectuada a la AEPD hace escasos días, con el find e que, de ser posible, se incorporen criterios que permitan mayor claridad a la hora de armonizar dicha difusión pública con la protección de datos.
Ver más
Dirección General de Transparencia, Administración Electrónica y Calidad. Ayuntamiento de Madrid Adjuntamos el documento con las alegaciones que se efectúan. Ver más
AMG - Aceptar vías alternativas de verificación de la identidad online, que no sean solo de entidades españolas (FNMT y similar)
- Incorporar vías seguras para permitir solicitudes que, verificando la identidad a través de un tercero (ej. consejo de transparencia y buen gobierno) permanezcan anónimas, cuando las mismas estén motivadas
- Facilitar un "punto de datos" en los servidores de data.gov o CGTB para colgar la información que se facilite a los ciudadanos cuando la misma sea digitalmente voluminosa: Ej. La subvenciones individuales recibidas por viajes aéreos entre ínsulas y península
- En el aspecto coactivas/sancionador, facilitar que el CGBG: * Tenga entre sus capàcidades Sustituir la voluntad del organismo público obligado a transparencia, pudiendo emitir órdenes a dicho organismo de obligado cumplimiento por el trabajador público competente * Que las multas del CTBG no sean sólo pecuniarias al organismo, sino pecuniarias al empleado público o directivo obligado por transparencia. La desobediencia pueda tener repercusión en el registro central de personal (si es empleado público / funcionario) o en la vida laboral/capacidad de sufragio pasivo del responsable si es ajeno al sector público
- Impedir por reglamento que se fijen NUEVAS responsabilidades al CTBG si no vienen acompañadas de recursos económicos y de personal aceptadas por éste.
- Permitir en el reglamento que la RPT del CTBG quede abierta a todos los empleados públicos por procedimiento competitivo (AGE, CCAA, CCLL). Clave A4.
- Que la representación jurídica del CTBG, ante los tribunales, pueda realizarse por sus propios empleados, técnicos competentes en derecho, sin necesidad de recurrir a la abogacía del estado.
- Permitir al CTBG un procedimiento de contratació pública ágil para contratar abogados externos en el sector privado, sujetos a un procedimiento competititvo y con transparencia en resultados.
- Permitir que el CTBG no deba conveniar obligatoriamente con la abogacía del estado. Si esto no es así y el convenio fuese obligatorio, la retribución a la abogacía del estado, debería ser 0 euros, al considerarse derivada de una norma de obligado cumplimiento
- Facilitar APIs en el CTBG para que los emprendedores puedan acceder a las consultas ya resueltas y a la información facilitada. Redundando en um mejor uso de las mismas y en menor carga de trabajo para el CTBG
- Asegurar una mayor independencia formal del CTBG respecto al departamento ministerial de adscripción, incorporando en el propio decreto la elaboración obligatoria, y su publicación antes de 6 meses, de un informe público del propio CTBG recomendando medidas por las cuáles dicha independencia puede verse reforzada, (sin descartar la propuesta de cambios normativos o el cambio de adscripción al Congreso de los Diputados, en clara sinergia con el derecho de los diputados a obtener información de la administración).
 
Maldita.es / Asociación Maldita contra la desinformación Se envía como adjunta la aportación de MALDITA.ES al borrador del reglamento de la Ley de Transparencia. Ver más
Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España

Ver documento adjunto.

Ver más
Red de Entidades Locales por la Transparencia y Participación Ciudadana de la Federeción Española de Municipios y Provincias (FEMP)

Aportaciones a la audiencia pública sobre el borrador de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno (28-2-2019)

Ver más
WSC Recomiendo incluir "institucional" en el apartado segundo de la DF Tercera del RD en lo que se refiere al título competencial, para que quede claro que: "El  resto  de  los  artículos  y  disposiciones  del  re
glamento  no  tienen carácter básico y se aplican exclusivamente a la Ad
ministración General de(l) Estado y al sector público (institucional) estatal", utilizando pues la misma denominación que realiza la Ley 40/2015 de régimen jurídico.
 
DLS Las contrataciones de  personal eventual e interino o la contratacion de profesores en cualquier administracion, sea local, autonómica, estatal, tendria que ser mas transparente y convocar procesos selectivos (con publicidad suficiente y transparencia) con concurso de meritos y experiencia o un examen y poder comprobar esos meritos y experiencia, hacer bolsas de trabajo transaparentes, ya que en muchos casos actualmente son procesos muy poco transparentes y complicado seguir los distintos procedimientos de contratacion de las distintas administraciones que existen.
Gracias y un saludo
 
Asociación Nacional Empresarial de la Industria Farmacéutica (FARMAINDUSTRIA) Nos remitimos al escrito adjunto. Muchas gracias. Ver más
Proyecto de investigación DER-2017/88456-P Observatorio de la Transparencia (Universidad de Sevilla) (1) 1. Propuesta
Desarrollo reglamentario del texto de la disposición adicional primera, párrafos segundo y tercero de la LTAIPBG del siguiente tenor:
?Se regirán por su normativa específica, y por esta Ley con carácter supletorio, aquellas materias que tengan previsto un régimen jurídico específico de acceso a la información, así como el acceso por los representantes políticos a la información en poder de los sujetos obligados por esta Ley. En todo caso, la reclamación establecida en el artículo 24 de esta Ley sustituirá a los recursos administrativos generales regulados en la normativa sobre procedimiento administrativo.?
Debería tener carácter básico.
2. Justificación
Esta disposición precisaría el sentido de la Disposición adicional primera de la Ley.
No se requiere para ello una reforma legal, pues solo aclara su sentido. Es más, la mayoría de las Autoridades de transparencia y de la doctrina ya interpretan la Disposición adicional primera en el sentido indicado, que es el único que da sentido a la referencia a la ?supletoriedad?: extender la garantía de la autoridad independiente especializada a todos los sectores, dado que la normativa sectorial meramente omite la regulación de los recursos o hace una llamada genérica a los recursos generales.
Sin embargo, hay algunos Autoridades de transparencia que no lo han considerado así. Se trata de la mayor discrepancia actual en la aplicación de la ley que lleva a la paradoja desconocida fuera de nuestras fronteras de que la información más relevante (medioambiental, reutilización?), cuya publicidad se previó antes de aprobarse la propia LTAIBG y generalizarse el principio de transparencia, queda desprovista de la principal garantía. Con este precepto se otorgaría la máxima seguridad jurídica evitando interpretaciones dispares.
La explicación en la redacción propuesta de la referencia a ?los recursos administrativos generales? está en que hay casos (por ejemplo, registro de la propiedad, registro civil) que tienen sus propios sistemas de reclamación.
 
Consejo General de la Abogacía Española El Consejo General de la Abogacía es el órgano representativo, coordinador y ejecutivo superior de los 83 Colegios de Abogados de España y entre sus misiones fundamentales están la ordenación del ejercicio profesional de los abogados, velar por el prestigio de la profesión, exigir a los Colegios de Abogados y a sus miembros el cumplimiento de los deberes profesionales y deontológicos y trabajar para alcanzar una Justicia más ágil, moderna y eficaz. Igualmente, le corresponden cuantas funciones redunden en beneficio de la protección de los intereses de los consumidores y usuarios de los servicios jurídicos, en cuanto tengan ámbito o repercusión nacional.

Desde el Consejo General se han elaborado las siguientes observaciones al proyecto de Real Decreto, enviadas como adjunto en este formulario, en la confianza de que puedan ser de utilidad a lo largo de la tramitación de la norma proyectada.
Ver más
Consejo General de Colegios de Aparejadores y Arquitectos Técnicos Se remite adjunto escrito de observaciones que formula el Consejo General de Colegios Oficiales de Aparejadores y Arquitectos Técnicos al Borrador de RD por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo Ley 19/2013 de Transparencia. Ver más
Unión Profesional Alegaciones de Unión Profesional Ver más
CCR El preámbulo, que destaca el origen de esta Propuesta de Reglamento, no hace referencia a este proceso consultivo (sic). Entiendo que debe darse valor a este proceso participativo y plasmar el mismo en esta sección, para dar el debido valor y respeto a aquellos que han aportado comentarios, ideas y propuestas.

Idealmente, sería muy conveniente que se describiera con detalle qué elementos de los arrojados por este proceso participativo fueron realmente incorporados y aportaron valor al texto final de este documento. Recuerdo que una recomendación similar se hizo en su momento al proceso de consulta público online, asociado a la hoy Ley 19/2013, proceso consultivo del que no se recoge mención alguna en su preámbulo, y que contó con más de 2000 aportaciones ciudadanas. Se trata de plasmaren el documento jurídico este proceso y de dar valor a las aportaciones ciudadanas.

Gracias por su atención.
 
AEFP (Archiveros Españoles en la Función Pública) En este borrador se propone derogar los artículos 24-32 del RD 1708/2011 en los que se establece el procedimiento de acceso a los documentos custodiados en los archivos. Esto implica establecer un único régimen de acceso para todos los documentos, independientemente del lugar físico en el que se conserven (archivo de la oficina productora, archivo central departamental, archivo intermedio o archivo histórico), reivindicación histórica de los archiveros y que viene a superar la poco afortunada ruptura del ciclo vital establecida en la ley 30/1992 que remitía a la normativa de patrimonio histórico. Sin embargo, no realiza una sola mención al acceso presencial del ciudadano en las salas de consulta de los archivos, a la competencia para resolver las solicitudes de acceso en los archivos, a los archivos como unidades de información y transparencia ni al Portal de Archivos Españoles que debería ser accesible a través del Portal de Transparencia, cuya razón de ser es, precisamente, la difusión de los documentos en los que se sustenta la información pública. En esta misma línea, entre las causas de inadmisión figuran las solicitudes abusivas no justificadas con la finalidad de la ley (escrutinio de la acción de los responsables públicos, toma de decisiones, gestión de fondos públicos y criterios de actuación). Esta causa de inadmisión es contraria al artículo 17 de la ley, que establecía que el solicitante no está obligado a motivar su solicitud de acceso a la información, y a la política de acceso de los archivos públicos. 
Para garantizar la transparencia y el acceso a la información pública ha de establecerse la obligación de documentar y de conservar dado que todo documento producido por las AAPP, desde el mismo momento de su creación, forma parte del Patrimonio Documental y no puede ser eliminado, salvo que así lo determine el dictamen de la comisión calificadora de documentos administrativos correspondiente.
Ver más
Oficina Antifraude de Cataluña Se adjunta documento de alegaciones de la Oficina Antifraude de Cataluña al Proyecto de reglamento Ver más
DOL La supresión proyectada en el borrador de los arts. 24 a 32 del RD 1708/2013 es muy acertada para acabar con ciertas dudas que inexplicablemente aún persisten pese a que ya en la tramitación parlamentaria de la Ley 19/2013 (LTABG) se eliminó de la DA 1ª del Proyecto una norma según la cual se regía por su normativa específica el acceso, entre otras, a la información «obrante en los archivos que no tengan la consideración de archivos de oficina o gestión», criterio asumido en el precitado RD (enmiendas 534 y 497, BOCG, Serie A Núm. 19-3 2 de julio de 2013, pp. 260 y 279) y que hubiera supuesto la existencia de distintos regímenes de acceso a los documentos por el hecho meramente circunstancial de en qué tipo de archivo se encontrasen.
Sin embargo, al modificar el art. 23 del RD 1708/2013 y remitir sin más, en cuanto al acceso, a la regulación del acceso a LTABG, quizá el borrador debería incluir en su redacción una disposición similar a ésta:
Las disposiciones del presente Real Decreto se aplicarán sin perjuicio de otras reglas específicas de acceso a la información pública, siempre que resulten más favorables al derecho de acceso, cuando aquella haya sido declarada de libre comunicabilidad u obre en Archivos Históricos, en razón de su carácter de archivos abiertos al público.
La razón es dejar claro que el procedimiento resolutorio contemplado en la LTABG carece de fundamento cuando es indiscutible que no existen límites al acceso, como es el caso de la documentación en los archivos históricos. Así, en éstos -como hasta ahora se viene haciendo- el usuario simplemente se identifica y solicita en la sala de consulta la documentación de su interés, p. ej., un documento de 1634 y no precisa iniciar aquel procedimiento, quedando únicamente sometido a las reglas de consulta del centro (horarios, materiales a introducir en la sala, número de documentos que puede solicitar diariamente, etc.). Todo, en aras de una mayor transparencia, objetivo final de la LTABG.
 
Asociación Española de Empresas Gestoras de los Servicios de Agua Urbana 1. EL REGLAMENTO DEBERÍA INDICAR QUÉ DISPOSICIONES TIENEN CARÁCTER BÁSICO Y CUÁLES NO

El Reglamento advierte de que las disposiciones que tengan carácter básico se aplicarán a todas las Administraciones Públicas y entidades relacionadas (art. 2.2).  Sin embargo, no se indica qué artículos son básicos y cuáles no. Convendría que se aclarase qué preceptos del Reglamento tienen carácter básico.

2. SE PROPONE ELIMINAR LOS ARTÍCULOS 4.2 Y 4.3 DEL REGLAMENTO

La Ley de Transparencia establece que los contratistas del sector público estarán sujetos a la Ley según ?los términos previstos en el respectivo contrato? (art. 4.2).

Sin embargo, el Reglamento altera lo anterior cuando establece que los contratos recogerán ?las condiciones mínimas? (art. 4.2) pero que, además de lo que disponga el contrato, se podrá solicitar a los contratistas cualquier otra documentación ?en aplicación de la ley de transparencia? (art. 4.2). Eso implicaría imponer a los contratistas (entidades privadas) el mismo régimen de transparencia que a las Administraciones Públicas, que no es  lo que dice la Ley.

Se estima que esa parte sería ilegal por ultra vires, al tiempo que generaría una enorme inseguridad jurídica. En consecuencia, se propone eliminar los puntos 4.2 y 4.3.
 
Proyecto de investigación DER-2017/88456-P Observatorio de la Transparencia (Universidad de Sevilla). (2) Se apoya lo previsto en las disposiciones finales primera y segunda unificando el régimen de acceso a la información cualquier que sea el archivo en que se encuentre y derogando la disposición reguladora del acceso en el Real Decreto de 18 de noviembre de 2011. Esa fue la voluntad expresa del Parlamento que enmendó con esa finalidad el precepto del Proyecto de LTAIBG, como sugirieron algunos de los expertos que comparecieron ante la Comisión constitucional del Congreso de los Diputados durante su tramitación. Se podría hacer una excepción para los archivos históricos, que responden a una finalidad cultural y científica.

Se propone la siguiente adición:

Artículo 18.1.al que se añade un párrafo segundo

?La solicitud especificará la identidad del solicitante sin que sea requisito la acreditación mediante certificado electrónico en caso de que la tramitación sea por vías telemáticas?.

JUSTIFICACIÓN

En la anterior consulta, se respondió que la forma de identificación se rige por lo dispuesto en los artículos 9 y 10 de la Ley 39/2015, y se añadió que ?se está trabajando en una resolución que simplifique la forma de identificación en el ámbito de la AGE e n el marco de dicha Ley?, pero esa resolución no se ha producido y no se responde a la argumentación que se hacía, pues se confunde, a nuestro juicio, la exigencia para acreditar la condición de interesado aplicándolas a una ley que prescinde de ese concepto. Además, la Ley 39/2015 no se aplica a muchos sujetos sí sometidos a la LTAIBG. Con posterioridad la respuesta, la Sentencia de la Audiencia Nacional de 24 de septiembre de 2018 sostiene de forma contundente que basta la consignación de la identidad, sin requerir ningún elemento de prueba.

El artículo 17.2 de la Ley 19/2013 dice que ?la solicitud podrá presentarse por cualquier medio que permita tener constancia de la identidad del solicitante?. Aunque la Ley habla sólo de ?constancia?, la interpretación está siendo controvertida y dispar en las diferentes Administraciones, ya que en unos casos se exige la acreditación mediante certificados digitales (como en el caso de la AGE) y en otros no (por ejemplo, en el caso de la Administración de la Junta de Andalucía), y todas ellas operando con la misma dicción legal. Esta disparidad se debe a que en el primer caso se identifica ?constancia? con ?acreditación? de la identidad en los mismos términos exigidos por la normativa sobre procedimiento administrativo común para la iniciación por los interesados de procedimientos electrónicos ante la Administración; y en el segundo se considera que la mención a la constancia de la ?identidad? tiene como único sentido el de posibilitar las comunicaciones personalizadas entre los sujetos obligados y el solicitante, bastando para ello con la mera mención al nombre y apellidos de las personas físicas o a la denominación de las personas jurídicas. En la lógica de la normativa de transparencia, en que se reconoce la titularidad del derecho a cualquier persona encaminado a posibilitare la participación ciudadana y el control del ejercicio del poder, sin necesidad de acreditar interés alguno ni motivar la solicitud, la exigencia de identificación del solicitante ha de leerse sólo como un medio para facilitar la recepción de las respuestas. Esta interpretación encuentra su apoyo tanto del Derecho internacional y comparado como del Derecho estatal. La actualmente llevada a cabo en el ámbito estatal, que exige requisitos de acreditación de la identidad en el caso de las solicitudes presentadas por vía electrónica, que nos convierte en una singularidad mundial, resulta discriminatoria, disuasoria y explica en buena medida el relativo fracaso. Ha sido criticada por el Defensor del Pueblo, por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y por diversas ONG y especialistas. Las exigencias de acreditación de la identidad establecidas en el Portal de Transparencia de la AGE y en diversos Portales de Transparencia autonómicos obvian el diferente sentido y ámbito de aplicación de la normativa sobre acceso a la información y sobre procedimiento administrativo en función de la exigencia o no de la condición de interesado. El artículo 9 LPAC regula los ?sistemas de identificación de los interesados en el procedimiento?, disponiéndolo en términos de obligación para la Administración.  Pero este precepto no es de aplicación a las solicitudes de acceso, que tienen una regulación propia en la LTAIBG que responde a una lógica diversa a la del ?interesamiento?. La LTAIBG prescinde del concepto de ?interesado? y establece una legitimación universal y por ello mismo no le es de aplicación un precepto referido a la acreditación de la identidad por los interesados. En todo caso, y para aclararlo, se propone una redacción inspirada en la Ley de Transparencia de la Comunidad Valenciana, que es desarrollo del precepto básico estatal y que, en la misma línea, puede llevarse a cabo como desarrollo reglamentario para el ámbito estatal. También cabría establecer, si se quiere, alternativas de acreditación: uso de certificado digital o aportación de copia del documento de identidad y/o consignación de datos personales ?que pueden incluir el DNI y/o la fecha de nacimiento y/o la fecha de expiración del DNI, con autorización para la comprobación de los datos aportados (en el caso de personas físicas españolas).
 
Access Info Europe Este documento (adjunto) incluye las recomendaciones de Access Info Europe para el nuevo Borrador del Reglamento de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno. Ver más
Fundación Ciudadana Civio Véase el documento adjunto (versión corregida) Ver más
Comisionado Transparencia Canarias Ver archivo adjunto Ver más
Asedie, Asociación Multisectorial de la Información Se adjunto documento Ver más
Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) Borrador de Real Decreto por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno- Versión 6-2-18

AMPLIACIÓN DEL REDACTADO DEL PREÁMBULO
El reglamento refuerza todos los aspectos de accesibilidad de los canales de comunicación que aparecen en la Ley 19/2013 de 9 de enero, cumpliendo con los principios exigidos en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.

AMPLIACIÓN ART 5.1

¿sedes electrónicas o páginas web accesibles,?

La redacción del Art. 5.1 quedaría de la siguiente manera:

¿1. Los sujetos obligados publicarán por medios electrónicos la información que les afecte en sus respectivas sedes electrónicas o páginas web accesibles, o, cuando proceda, en el Portal de la Transparencia de la Administración General del Estado (en adelante Portal de la Transparencia) en los términos previstos en la ley y en este reglamento.?

AMPLIACIÓN ART 5.2

¿La información deberá ser accesible, clara, utilizando un lenguaje sencillo y comprensible para los ciudadanos, estará a disposición de las personas con discapacidad en una modalidad suministrada por medios o en formatos adecuados de manera que resulten accesibles conforme al principio de accesibilidad universal y diseño para todos,..?

La redacción del Art. 5.2 quedaría de la siguiente manera:

2. La información deberá ser accesible, clara, utilizando un lenguaje sencillo y comprensible para los ciudadanos, estará a disposición de las personas con discapacidad en una modalidad suministrada por medios o en formatos adecuados de manera que resulten accesibles conforme al principio de accesibilidad universal y diseño para todos,  procurando la utilización de medios de composición que pueda ayudar a comprender mejor el alcance de la información proporcionada, especialmente en aquellas materias o datos de mayor complejidad.

AMPLIACIÓN Artículo 8.2

¿será accesible conforme al principio de accesibilidad universal y diseño para todos?

La redacción del Art. 8.2 quedaría de la siguiente manera:

2. El Portal de la Transparencia además de servir como punto de acceso a la información de los sujetos comprendidos en su ámbito de aplicación sometida al régimen de publicidad activa, será accesible conforme al principio de accesibilidad universal y diseño para todos, garantizará, de acuerdo con los medios técnicos disponibles en cada momento, la homogeneización de dicha información.

 AMPLIACIÓN Artículo 10. 1

¿ateniéndose a lo dispuesto en el Art 5.4 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre?

La redacción del Art. 10.1 quedaría de la siguiente manera:

1. Con carácter general, la información se actualizará en el Portal de la Transparencia, al menos, trimestralmente, salvo que la normativa específica establezca otros plazos atendiendo a las peculiaridades propias de la información de que se trate y sin perjuicio de la posibilidad de publicar en plazos más breves toda la información que se estime conveniente por el órgano competente, ateniéndose a lo dispuesto en el Art 5.4 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre
 
Coordinadora de ONG de Desarrollo España - En el artículo 5, punto 3 consideramos necesario abundar en las definiciones de los conceptos “reutilizable” y “accesible” para que podamos dimensionar correctamente su alcance.
- En la Sección 4, artículo 14 punto 2, en el caso de ONG con varias sedes en el territorio español que en conjunto reciben subvenciones superiores a los 100.000 euros pero que por Comunidad Autónoma, las cantidades pueden ser muy inferiores, el cumplimiento de las diferentes legislaciones autonómicas puede suponer un exceso burocrático para las mismas, creemos que se podría matizar de alguna manera para evitar la carga, sin perjuicio de ejercer los deberes de Transparencia correspondientes como receptoras de fondos públicos. Les solicitamos, por tanto, que tengan en consideración que se produce un tratamiento perjudicial de las entidades receptoras de subvenciones frente a las administraciones públicas, dado que a éstas últimas se les exige comparativamente mucha menos información al tener que cumplir exclusivamente la ley del territorio al que corresponda su sede social.
Ver más