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Consulta pública previa: Proyecto de Real Decreto de desarrollo de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno

  • Órgano/Unidad proponente: Ministerio de Hacienda y Función Pública - Dirección General de Gobernanza Pública.
  • Primer plazo para la presentación de aportaciones: desde el 14/07/2017 al 30/07/2017
  • Nuevo plazo para la presentación de aportaciones desde el 01/09/2017 al 15/09/2017. 

Descargar la ficha informativa en formato PDF.

Introducción

Los ciudadanos, organizaciones y asociaciones han podido hacer llegar sus opiniones sobre el futuro Real Decreto por el que se desarrolla la ley 19/2013 de 9 de diciembre de Transparencia, Acceso a la información pública y buen gobierno, hasta el día 15 de septiembre de 2017.

Con el fin de mejorar la participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de las normas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 133 de la ley 39/2015 de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común y en el artículo 26 de la ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, esta consulta  previa tiene por objeto recabar la opinión de los sujetos y organizaciones más representativas potencialmente afectadas por la futura norma acerca de:

  • Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa
  • La necesidad y oportunidad de su aprobación
  • Los objetivos de la norma
  • Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias

 

Antecedentes de la norma (Breve referencia a los antecedentes normativos)

La Ley 19/2013 de 9 de diciembre de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno establece el marco jurídico básico en materia de transparencia y buen gobierno.

Tal y como se pone de manifiesto en su exposición de motivos  esta ley tiene un  triple alcance:

  • incrementar y reforzar  la transparencia en la actividad pública –que se articula a través de obligaciones de publicidad activa para todas las Administraciones y entidades públicas–,
  • reconocer y garantizar el acceso a la información –regulado como un derecho de amplio ámbito subjetivo y objetivo– y
  • establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos así como las consecuencias jurídicas derivadas de su incumplimiento.

La disposición final séptima establece que el Gobierno, en el ámbito de sus competencias, podrá dictar cuantas disposiciones sean necesarias para la ejecución y desarrollo de lo establecido en esta Ley. Esta disposición también previó que el  Consejo de Ministros aprobaría, un Real Decreto por el que se apruebe el Estatuto orgánico del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

En desarrollo de estas previsiones se aprobó el Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre por el que se aprueba en Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

Asimismo, a finales de 2014 se inició la tramitación de un borrador de reglamento de desarrollo parcial de la Ley 19/2013 que se prolongó durante 2015 y se sometió a informe de la Agencia Española de Protección de Datos, del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y de asociaciones y fundaciones sin ánimo de lucro cuyo objeto social estaba relacionado con la transparencia: Transparencia Internacional, Acces Info Europe y Fundación Civio.

No obstante, como consecuencia de la celebración de Elecciones generales en el año 2015 y 2016 y la prolongación durante 2016 del periodo de Gobierno en funciones, la tramitación de este proyecto quedó paralizada. 

Problemas que se pretenden solucionar con la nueva norma

La aprobación de un real decreto de desarrollo de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno pretende completar el marco jurídico que facilite el cumplimiento del título I de la ley relativo a la “Transparencia de la actividad pública”.

Con la aprobación del reglamento se pretende incrementar la seguridad jurídica, cubrir eventuales vacíos normativos, precisar procedimientos y conceptos y asegurar una aplicación uniforme de la ley por los sujetos obligados, siempre en aras de garantizar la mayor transparencia posible en la actuación de la Administración Pública.

Necesidad y oportunidad de su aprobación.

Desde la entrada en vigor del título I de la ley 19/2013, en diciembre de 2014, se ha puesto de manifiesto la necesidad de desarrollar aspectos de la ley por vía reglamentaria, tanto en lo que se refiere a las obligaciones de publicidad activa como en relación con el ejercicio del derecho de acceso a la información pública.

La aprobación de un real decreto de desarrollo de la Ley 19/2913 ha sido, además, una cuestión ampliamente demandada por la sociedad civil, habiendo motivado la adopción de un compromiso de desarrollo reglamentario en este sentido, en el Tercer plan de Gobierno Abierto 2017-2019, que España ha aprobado en el marco de la Alianza para un Gobierno Abierto en junio de 2017 (compromiso 3.5 del Tercer Plan)

Objetivos de la norma

La futura norma tendría como finalidad desarrollar el título primero “Transparencia de la actividad pública” de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre con los siguientes objetivos:

  • Aclarar el alcance de las obligaciones previstas en la norma y facilitar su cumplimiento siempre en aras a asegurar la mayor transparencia posible en la actuación de la Administración Pública y facilitar el acceso de los interesados a la información pública de forma eficaz 
  • Concretar y precisar plazos, trámites, para evitar dilaciones innecesarias, lagunas o dudas interpretativas.
  • Precisar  conceptos jurídicos indeterminados con el fin de asegurar una aplicación restrictiva y siempre justificada y proporcionada de las causas de inadmisión o límites al ejercicio del derecho de acceso tal y como propugna la propia ley 19/2013.
  • Adaptar la regulación a la jurisprudencia y a los criterios del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y de la Agencia Española de Protección de Datos, entre otros.
  • Asegurar la aplicación de los principios de buena regulación previstos en el artículo 129 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia.

 

Posibles soluciones alternativas, regulatorias y no regulatorias

Se han barajado las siguientes alternativas:

Alternativa 1: Proseguir con la tramitación del borrador de reglamento iniciada entre 2014 y 2015

Con independencia de que se tendrán en cuenta los antecedentes e informes ya recibidos con ocasión de la tramitación de un borrador anterior, se ha considerado conveniente tramitar la norma  contando con el mayor debate posible,  realizando la presente consulta previa de acuerdo con las previsiones del artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Pública y sometiendo posteriormente el proyecto a trámite de información pública,  a través de la web del Ministerio de Hacienda y Función Pública y del Portal de la Transparencia.

Asimismo, el tiempo transcurrido, la experiencia adquirida en la aplicación de la norma, la adopción de criterios por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y por la Agencia Española de Protección de Datos, hacen precisa la reelaboración del borrador previamente confeccionado que, necesariamente, habrá de ser sometido nuevamente a informe de las distintas instancias afectadas e interesados.

Por esta razón, se considera más adecuado iniciar de nuevo la tramitación del proyecto de Real decreto.

Alternativa 2: Esperar a la eventual modificación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre.

Actualmente, se encuentra en tramitación en sede parlamentaria una ley integral de lucha contra la corrupción y protección de los denunciantes.

Esta proposición prevé la modificación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.

En este sentido, una posible alternativa sería esperar a la tramitación de dicha proposición de ley con el fin de asegurar que el futuro desarrollo reglamentario se ajuste plenamente a las eventuales novedades introducidas en la ley.

Sin embrago, el tiempo transcurrido sin el desarrollo reglamentario de la ley, hace aconsejable no demorar más tiempo la tramitación del proyecto de real decreto, sin perjuicio de que la norma reglamentaria deberá adaptarse a las novedades legislativas que finalmente se aprueben.

Alternativa 3: no proceder al desarrollo reglamentario

La ley 19/2013, de 9 de diciembre se ha venido aplicando por los sujetos obligados sin desarrollo reglamentario, teniendo en cuenta lo dispuesto en la misma así como los criterios adoptados por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

 

Sin embargo, razones de seguridad jurídica aconsejan proceder al citado desarrollo con el fin de asegurar una aplicación uniforme y eficaz de la ley.

Por otro lado, el desarrollo reglamentario de la ley, ha sido ampliamente demandado por la sociedad civil.

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Titular Aportación Archivo adjunto
M.A.B.C. Entre las posibles soluciones alternativas, regulatorias y no regulatorias que se han barajado (art. 133.1.d) Ley 39/2015), en mi opinión, debería optarse por la Alternativa 2: Esperar a la eventual modificación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, puesto que, como se indica, se encuentra en tramitación en sede parlamentaria una proposición de ley integral de lucha contra la corrupción y protección de los denunciantes presentada por el grupo parlamentario Ciudadanos y admitida a trámite el 23 de septiembre de 2016, la cual, prevé la modificación de varios artículos de la Ley 19/2013.   La Ley 19/2013 debe ser reformada en profundidad y no solo con las concretas modificaciones previstas en la proposición de ley integral de lucha contra la corrupción y protección de los denunciantes. SE ADJUNTA ARCHIVO JUSTIFICATIVO. Ver más
P.V.C. podria ser que no fuera verdad  
Fundación Civio Adjunto un documento con la valoración de la Fundación Civio de este proceso de consulta previa y nuestras aportaciones al borrador del Real Decreto que aprueba el Reglamento de la Ley de Transparencia. A su disposición para resolver cualquier duda.  Fundación Civio / contacto@civio.es   Ver más
M.R.J. Transparencia en los procesos de selección de personal docente en las universidades. Cuando se convoca una plaza de docente sería conveniente activar un repositorio al cual tuvieran acceso todos los que concursan a la plaza y poder consultar los cv y méritos que alegan cada uno de los solicitantes. A la hora de hacer un recurso en estos casos resulta desquiciante la cantidad de obstáculos para acceder al cv de los demás y poder argumentar el recurso.  
S.S.B. Resulta imprescindible que se dote de un régimen sancionador al CTBG para garantizar que sus resoluciones firmes se ejecutan en sus términos estrictos.  Es inaceptable que la resistencia a la ejecución de una resolución firme del CTBG no conlleve responsabilidades sancionadoras para quien está obligado a su ejecución y se niega a ello o bien se excusa en subterfugios o en dilaciones injustificadas.  El CTBG debe tener capacidad para sancionar a aquellas personas físicas responsables de las unidades administrativas que se niegan a facilitar la información declarada mediante resolución administrativa firme.  Asimismo, el CTBG tiene que tener la potestad para interpretar y aclarar sus propias resoluciones y poder resolver los conflictos que surjan en relación con las mismas.  En resumen, toda resolución administrativa que no conlleve aparejado un régimen de ejecución forzosa o sancionador en caso de resistencia es "papel mojado".  
I.A.M. El artículo 15 ("Solicitud de acceso a escritos o documentos de un procedimiento judicial") se extralimita respecto de la Ley de Transparencia. Debería ser eliminado del reglamento.  
I.A.M. Como complemento a la observación anterior relativa a la extralimitación del artículo 15 ("Solicitud de acceso a escritos o documentos de un procedimiento judicial"), añadir que la reciente Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea de 18/07/2017, asunto C?189/09, ha indicado que los documentos judiciales y procesales obrantes en poder de la Administración deben ser entregados al solicitante cuando se ejercite el derecho de acceso a los mismos.  
V.V.C. El establecimiento de un régimen especial para Corporaciones Locales de menos de 250 habitantes. Es imposible por la falta de medios económicos, humanos y técnicos afrontar la totalidad de obligaciones legales que se derivan de la actual Ley de Transparencia. Ni la ayuda de las Diputaciones, ni la ayuda de las Mancomunidades suplen el problema.  
A.M.Y. Se ha pensado como van a desarrollar, técnicamente, los municipios pequeños las herramientas informáticas necesarias para poder cumplir la Ley de transparencia.  Gracias.  
Dirección General de Transparencia y Atención a la Ciudadanía. Ayuntamiento de Madrid. Adjunto se remiten observaciones planteadas por la DG de Transparencia y AC del Ayuntamiento de Madrid. Saludos. Ver más
I.I.G. Se adjunta en archivo pdf Ver más
A.S.D. Artículo 10.Presentación de la solicitud. Dice:"En cualquiera de los lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre" Debería decir:"En cualquiera de los lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre"  Artículo 12.2.c.5.Causas de inadmisión. Dice:"...de conformidad con lo dispuesto en el artículo 89. 5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre." Debería decir:"...de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre."  Artículo 17.3.Alegaciones de terceros. Dice:"...se aplicará lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre." Debería decir:"...se aplicará lo dispuesto en el artículo 45.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre." El artículo indicado sería la conversión textual del artículo derogado, aunque considero más apropiado que el   artículo de referencia correcto sería el artículo 44.Notificación infructuosa de la Ley 39/2015.  [continua en archivo adjunto] Ver más
R.J.B.T. Yo creo que debería ser obligatorio que todos los trámites de una convocatoria de oposiciones fueran publicados tanto en la sede del organismo convocante como en la web correspondiente de Administraciones Públicas (SEFP, 060, etc.). También debería ser obligatorio que fuera accesible para los interesados el acta del Tribunal de cada uno de los exámenes en los que participa. Un ejemplo de transparencia sería el INAP.ES, que publica en su web el examen de cada uno de los ejercicios y la plantilla en los exámenes tipo test. Además de ofrecer un cronograma orientativo sobre las fechas de los ejercicios. Un ejemplo de oscurantismo total sería el INSHT.ES, que no publica los exámenes una vez celebrados ni facilita el acta de los exámenes a los propios interesados, lo que da idea de la falta de transparencia en la oposiciones convocadas por este organismo del Ministerio de Empleo.  
J.V.P. Resoluciones de obligado cumplimiento Publicación de criterios reparto retribuciones variables Encuestas para valorar incidencias de las medidas de transparencia sobre clima laboral  
AMAT - Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social  Se adjunta fichero PDF. Ver más
J.P.M.A. 1º.-En los procesos administrativos,se obliga a la administración a notificar fecha entrada en registro y efectos ante el silencio.Sin embargo,esta práctica es poco usual,podría solventarse con la obligación de crear un portal u opción donde se puedan identificar los procedimientos y sus itinerarios,donde identificar fecha entrada,funcionario responsable,fecha de resolución y efectos,evitando el ámparo en la oscuridad.Esta propuesta sería tanto ciudadano administración como funcionario administración. 2º.- En cuanto a la solicitud de documentación,la norma exije que obre en poder de la administración, y por tanto se trata de un documento específico.No obstante,elaborar un documento ad hoc,en muchas ocasiones, tan solo es cuestión de hacer un par de clicks. Por eso, en el término jurídico indeterminado, sobre que es un documento,debería incorporarse,que pueda crearse con una mínima actuación y esfuerzo. No cabe amparse en la fácil excusa,de la inexistencia.      
L.C.P. Aportaciones el documento adjunto. Me pongo a su disposición para facilitarles todos los documentos a los que hago referencia en el mismo. Ver más
Asociación pra la Comunicación e Información Ambiental (ACIMA) Formulamos  Sugerencias  en documento anexo Ver más
Asociación Española de Fundaciones Se adjuntan opinión y observaciones de la Asociación Española de Fundaciones en la consulta pública previa a la elaboración del proyecto de Real Decreto por el que se desarrolla parcialmente la Ley 19/2013. Ver más
Consejo General de la Abogacía Española Remisión de observaciones que efectúa el Consejo General de la Abogacía Española Ver más
Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid Se remiten las correspondientes observaciones en archivo adjunto. Ver más
Confederación Española de Organizaciones Empresariales Se incluyen aportaciones en documento adjunto. Ver más
M.M.R.B Pienso que sería más beneficioso y más operativo, proceder primero y rápidamente a la modificación de la Ley de transparencia, adaptándola a toda la normativa nueva, así como a las recomendaciones y criterios adoptados por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.  Después y también lo más rápidamente posible, se redactaría el reglamento.  Hay que ser realistas. Es mejor una buena norma, con una base sólida, que una con muchos matices.  Saludos,  
Associació Catalana de Juristes de l'Administració Local Desde la asociación consideramos como mejor opción esperar a la modificación de la ley  19/2013, de 9 de diciembre, teniendo en cuenta que está en tramitación parlamentaria una ley integral de lucha contra la corrupción y protección de los denunciantes que contempla modificaciones de la ley 19/2013.    
C.C.A Aportaciones en archivo adjunto  Ver más
Coalición Proacceso Estimado Ministerio de Hacienda y Función Pública:  Remito a continuación, en el fichero adjunto, los comentarios y aportaciones a esta consulta pública previa por parte de las organizaciones Access Info Europe, Asociación de Archiveros de Asturias, Asociación para la Comunicación e Información Medioambiental, Hay Derecho y SEO/BirdLife, pertenecientes a la Coalición ProAcceso, así como Simona Levi y Stéphane M. Grueso, miembros individuales de la Coalición.  Atentamente,  Luisa Izuzquiza Access Info Europe Ver más
Grupo de Trabajo de acceso a la información pública. Red de Entidades por la Transparencia y Participación Ciudadana (FEMP). Coordinador En documento adjunto aparecen las aportaciones del Grupo de Trabajo de acceso a la información pública. Red de Entidades por la Transparencia y Participación Ciudadana (FEMP) a la consulta pública sobre el borrador de Real Decreto de desarrollo de la LTAIBG. Saludos. Ver más
Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda-GESTHA LA APORTACIÓN SE REALIZA EN ARCHIVO ADJUNTO QUE SUSTITUYE AL ANTERIORMENTE PRESENTADO Ver más
Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias  Ante problemas para incluir el texto en este espacio, se adjunta su archivo. Saludos cordiales Ver más
SEO BirdLife Anexo adjunto Ver más
Transparencia Internacional Anexo adjunto Ver más
Titular Aportación Archivo adjunto
S.F.R. Artículo 14. Solicitudes de información sobre materias que tengan previsto un régimen jurídico específico de acceso a la información Se desestimará la solicitud que tenga por objeto información sujeta a un régimen específico de acceso, indicándose en la resolución las normas aplicables´ Este precepto debería suprimirse, pues de la ley único que se desprende es que en los casos de regímenes específicos la Ley 19/2013 será de aplicación supletoria, no que no será de aplicación.    
A.C.M.F. Debería abordarse la necesidad o no de requerir en el momento de presentar la solicitud de acceso a la información pública algún sistema de  identificación, autenticación y firma electrónica. Creo que el proyecto de desarrollo de la Ley 19/2003, debería dotar de seguridad jurídica a esa cuestión que no se abordó en dicha Ley.   
A.N.O. Propongo convertir el Portal de la Transparencia en un repositorio histórico de la información, datos y documentos que hayan sido expuestos en el mismo durante los últimos diez años, así como que la información y documentos descargados en cualquier formato vayan con la acreditación electrónica de su origen, fuente, autenticidad e integridad. Adjunto propuesta Ver más
Xnet Adjunto documento con respuesta de Xnet a la consulta y al proceso de consulta, además de (nuevamente) enmiendas al borrador de reglamento presentadas en la anterior consulta y a la espera de su respuesta. Xnet - contact@xnet-x.net Ver más
A.C.M.F. Creo que debe regularse el concreto y específico procedimiento para la publicación de la información de los entes del artículo 3 de la Ley 19/2013: plazos, web de referencia, responsable de su cumplimiento, .... Creo que debería establecerse las consecuencias de la no publicación de esa información, por ejemplo plrivando a dichos entes y entidades, de la posibilidad de percepción de ayudas y subvenciones.  
L.C.H. Adjunto a título personal aportaciones de posible interés para el desarrollo reglamentario de la Ley 19/2013, que se considera pertinente.  Asimismo, me permito señalar la importancia de tener en cuenta el desarrollo reglamentario que ya se ha aprobado en el ámbito de la Comunidad Valenciana, amén de otras normas locales y autonómicas.  Ver más
Plataforma  Tercer Sector Se adjunta fichero. Ver más
Unión Profesional La aportación de Unión Profesional se refiere singularmente al ámbito subjetivo de aplicación del Proyecto de RD de desarrollo que, a diferencia de lo dispuesto en la Ley de Transparencia, no se cita específicamente a las corporaciones de derecho público. El contenido de la propuesta hecha por UP, busca clarificar la ausencia a esta mención. Por ello, es congruente con el Informe del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, de fecha de 2 de septiembre del 2015, aportado como documentación correspondiente al trámite de consulta realizado en 2014-2015, en relación con el primer borrador del Real Decreto. Ver más
AMAT - Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social Se adjunta fichero PDF. Ver más
AEFP. Archiveros Españoles en la Función Pública La gestión de archivos y de documentos como elemento fundamental para el acceso a la información y la transparencia. Ver más